Por José Luis Parra
Los integrantes de los gobiernos elegidos democráticamente se regocijan en mostrarse impúdicamente como modernos caporales -1- que -látigo en mano- reprimen con violencia a sus semejantes.
En la provincia de Buenos Aires (Argentina), la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata falló a favor de la apelación presentada por el Ejecutivo provincial autorizando a la policía a demorar o detener menores por contravenciones, averiguación de identidad, pedidos de captura o para ser entregados a sus familias.
El tribunal hizo lugar a una apelación presentada por el ministerio de Seguridad de la Provincia. Esta medida, que contó con el patrocinio de la Fiscalía de Estado, fue en contra del fallo que hace un año dictó el juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, quien planteó la inconstitucionalidad de privar de la libertad a menores que no hubieran cometido delitos.
En 2002, el equipo de Margen realizó una selección de artículos e información (organizados en forma de dossier titulado “Guerra contra los chicos”), frente a la preocupación creciente de ver a los jóvenes estigmatizados y culpabilizados como responsables de delitos en un marco de desmoronamiento de las bases sociales de convivencia, colocados así en la mira de la represión policial.
7 años después nos encontramos con un recrudecimiento de situaciones en las que la única opción parece ser el tratamiento policial y violento hacia los jóvenes.
En la provincia de Buenos Aires (Argentina) rige desde el año 2005 la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes (N° 13.298), que tiene basamento en la Convención sobre los Derechos del Niño que cuenta con rango constitucional en Argentina.
La nueva Ley reemplaza el régimen del Patronato del Estado por un sistema de promoción y protección integral de derechos respecto a las personas menores de 18 años considerando al niño/a y adolescente sujeto de derecho y no objeto de protección.
El trabajo de poner en ejecución esta nueva ley ha sido arduo y desigual en los distintos ámbitos sociales y políticos, y nos animamos a señalar que luego de un interesante avance, estamos frente a un retroceso peligroso que ha promovido -entre otras cosas- un vacío que hace más vulnerables aún a nuestros jóvenes.
Actualizamos hoy este dossier con el tratamiento de un caso testigo (que por otro lado se repite en el vasto escenario de nuestra América) que nos coloca frente a un Estado que incumple la Ley, que genera medidas de caracter inconstitucional, que castiga a quienes debe proteger, que se desliga de las responsabilidades que le son otorgadas -legal y moralmente- en el origen mismo de su poder.
Este caso se refiere a una situación generada a partir de la puesta en práctica de un Decreto (provincia de Buenos Aires) que permitía a la policía detener en comisaría (y por varias horas) a menores de edad. En un año, la Justicia pasó de declarar la inconstitucionalidad de esa medida, a convalidarla plenamente para “no interferir en la división de poderes”.
Ampliamos el dossier con el ánimo de invitar a no aceptar esta situación que significa un nuevo avasallamiento de los Derechos Humanos.
La dirección del enlace al Dossier es: Guerra contra los chicos »
-1- Caporal se denominó en América al negro esclavo al que el patrón o dueño de una hacienda liberaba de las pesadas tareas de la plantación a cambio de mantener un ritmo continuo de trabajo entre los esclavos (sus propios hermanos de sangre), para lo cual se le daba un látigo como arma y símbolo de poder para castigar y reprimir.