Por Virginia Casas
Rocío González fue asesinada de siete disparos el 1 de junio de este año (2023) por un compañero de trabajo en la localidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, Argentina. La víctima había denunciado a su agresor en dos oportunidades.
El 6 de junio fue detenido Renzo Eduardo Chidichimo, acusado del crimen. En una entrevista realizada por Esteban Mirol para el Noticiero del Canal 9 de Buenos Aires, la fiscal Patricia Hortel expresó algunas ideas que exponen la concepción e ideología que aún impera en nuestra sociedad, pero que se agrava cuando concierne a miembros del Poder Judicial.
– “No la conozco a Rocío, no puedo hablar por Rocío, porque no la conozco. Pero lo que te puedo decir es que la mayoría, no todas, pero la mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas, mucho más respetuosas”.
– “Faltan psicólogos, psiquiatras. Si vas con el psiquiatra, concuerdan conmigo: hay algo que las hace seleccionables”.
Luego de semejantes declaraciones, la familia de la víctima pidió a las autoridades de Saladillo que acompañasen un pedido de remoción de la fiscal (a cargo de UFIN° 2).
Este pedido fue suscripto tanto por el Intendente Municipal como por el pleno del Concejo Deliberante.
Coincidieron en que las palabras de la fiscal “demuestran una profunda falta de perspectiva de género y de sensibilidad social que está ocasionando hoy día un reiterado clamor social por su destitución del cargo”.
El 12 de junio se conoció la decisión del Fiscal General del Departamento de La Plata, por la que se removió a Hortel de su cargo, siendo reemplazada por el Fiscal Roberto Javier Berlingieri.
Dos días antes, el 10 de junio, la abogada Raquel Hermida Leyenda -quien representa a la familia de María Isabel Speratti Aquino, asesinada por su exmarido en marzo pasado en la localidad bonaerense de Cañuelas- anunció que acusaría al juez Martín Miguel Rizzo y al fiscal Roberto Javier Berlingieri por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la web de Noticias Argentinas (https://noticiasargentinas.com) se expone este caso:
Se trata del juez Martín Miguel Rizzo, titular del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, y el fiscal Roberto Javier Berlingieri, a cargo de la UFI 1, quienes para la abogada “no actuaron con la premura necesaria para proteger a la víctima”.
“Tengo que estudiar el expediente para analizar no sólo la actitud de Núñez, el criminal, sino la responsabilidad de quienes sabiendo que era un criminal, lo dejaron actuar. Voy a estudiar la causa para evaluar cuántos delitos se les puede adjudicar, pero en principio estamos ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sería la primera vez en un caso de femicidio que se acciona contra un juez y un fiscal”, dijo Hermida Leyenda.
En declaraciones a InfoCañuelas, la letrada agregó: “¿Cómo puede ser que los jueces y fiscales duerman después de no haber dado asistencia a una mujer que fue asesinada? Me parece que hay que dejar sentado que tienen que comprometerse. Como es sabido, María participó en una charla púbica que el juez dio en Cañuelas, ahí él dijo que atendía a todas las víctimas y ella había estado esa mañana y no la había atendido. En el caso de María se burlaron de ella, sufrió una tentativa de femicidio, el juez de Garantías le prometió cambiar la calificación legal pero nunca lo hizo”.
El hecho ocurrió el 16 de marzo a las 7.30, cuando María Isabel salía de su casa del barrio Las Rosas para llevar a sus hijos a la escuela y fue abordada por Núñez, quien sin mediar palabra le efectuó cuatro disparos.
Tras lo sucedido se supo que la mujer había realizado una denuncia por violencia de género y que la causa penal jamás había avanzado: el 16 julio de 2021 se registró un incidente en el que María Isabel fue atacada por Núñez y ella se presentó en la Comisaría de la Mujer donde realizó una denuncia.
Esa causa caratulada “lesiones leves” comenzó a tramitar en la UFI 1 de Cañuelas, y si bien la mujer concurrió varias veces a pedir que la causa fuera recaratulada como “homicidio en grado de tentativa”, sus pedidos nunca fueron escuchados.
Núñez está acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género, y dos delitos concurrentes: tenencia de arma de guerra y lesiones, también en contexto de violencia de género y fue elevado a juicio en mayo último en forma express”.
El traslado de jefes de policías, fiscales o funcionarios que deben tratar en forma directa con la sociedad es una solución trillada (poco original) pero que casi siempre da respiro frente a los reclamos y protestas de quienes son afectadxs y reclaman por seguridad y justicia. Los trasladados son ubicados en otras localidades y pasan rápidamente a ser “nuevos” funcionarios, limpiándose su foja de servicios. Tanto quienes son “removidos” como sus reemplazos se presentan ante la sociedad y en forma ampulosa se muestran receptivos, de puertas abiertas y con la intención de trabajar para la comunidad… hasta que el paso de los días demuestre su verdadero rostro, ideología y accionar.