Quilpué, ¿el auge inmobiliario o la nueva ciudad de los guetos urbanos?

Conforme al último censo del año 2017, la población de Viña del Mar alcanza a 327.000 personas, mientras que Quilpué tiene algo más de la mitad de esa cifra, unos 173.000 habitantes.

Proporcionalmente, las edificaciones por número de habitantes para Quilpué representan el doble que para la comuna vecina, Viña del Mar.

Estos 1.341 permisos de construcción incluyen torres elevadas de 18 y más pisos, provocando la saturación de sectores como El Belloto, Los Pinos, sólo por nombrar algunos.

Un caso emblemático es lo que ocurre en el sector Marga-Marga / Los Pinos, donde la construcción de edificios ha sido indiscriminada, generando saturación diaria en todas las calles que confluyen allí, generando problemas de acceso, falta de locomoción colectiva, entre otros.

Es importante recordar que hacia el año 2000 esos sectores aún eran considerados territorios agrícolas, en los que predominaba el cultivo de frutas y hortalizas junto a la crianza de animales.

Resulta relevante preguntarse si Quilpué viene desarrollando un crecimiento urbano regulado, o simplemente las inmobiliarias se adueñaron de la comuna y construyen a su merced en forma indiscriminada.

Haciendo referencia al enfoque crítico propuesto a López-Aranguren, quien se pregunta en su libro “Problemas sociales, desigualdad, pobreza y exclusión social” si efectivamente el ideal de la ciudad que se proyectó contrasta fuertemente con la realidad que se presenta en la comuna, lo deseable que se esperaba para la comuna era un crecimiento urbano sostenido en el tiempo, donde se considerara a los vecinos de los sectores, la mantención de grandes áreas verdes, la construcción en altura limitada a la armonía de los lugares para de ese modo mantener la esencia de la ciudad. Sin embargo, lo que se viene desarrollando en la ciudad es una construcción desmedida, sin considerar ninguno de los factores deseables que se esperaban para Quilpué (López-Aranguren, 2005).

El problema del fuerte auge inmobiliario en la comuna se da, en gran medida, por la inexistencia de un plan regulador comunal que regule los sectores para la construcción de casas y edificios. Esto provocó que la Municipalidad, quien debería velar por el orden urbano de la ciudad, no lo esté haciendo, lo que ha generado un perjuicio considerable en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, aunque reportándole cifras millonarias a la Municipalidad por concepto de pagos de permisos de construcción, en los cuales se cobra el 1,5% del valor total del proyecto que se pretende construir.

Según la ley de instrumentos de planificación territorial, Quilpué -por ser una comuna de más de 30 mil habitantes- debió tener un plan regulador desde el año 2006, el cual se encuentra aún en fase de diseño, lo que llevó al desorden habitacional urbano que se presenta en este momento.

Otro punto relevante es entender cómo la política social habitacional se ha ido desarrollando en la comuna junto al auge inmobiliario. En Quilpué, en 2015 se comenzó a desarrollar una gran cantidad de proyectos habitacionales acogidos a los subsidios de integración territorial DS 116 y DS 119, los cuales pretendían generar viviendas sociales cercanas a los centros comunales.
Esto conllevó a generar proyectos habitacionales de más de 1.000 viviendas en sectores en los que no había esa densificación poblacional, generando problemas de tránsito, falta de locomoción colectiva y servicios que sostuvieran la gran cantidad de personas que llegó a vivir a la comuna en menos de 3 años.

Es en este punto en el que debemos comprender si el urbanismo debiera ir más allá del ordenamiento del territorio y de la arquitectura. Debiera pensarse en urbanismo social, donde los instrumentos y recursos del ordenamiento urbano debieran estar al servicio del ser humano y que la transparencia y la participación ciudadana sean los pilares fundamentales, enfocándose en el pleno desarrollo de todos los barrios de la ciudad, mejorando la calidad de vida de todos(as) los(as) ciudadanos(as).

La mercantilización del espacio urbano, inherente al sistema económico de libre mercado que busca maximizar la rentabilidad inmobiliaria, induce a la concentración de las viviendas sociales en algún sector de la ciudad, liberando al resto del área urbana del efecto desvalorizador que generan las poblaciones sociales, surgiendo la segregación social habitacional.

Con esta fórmula se provoca la saturación de los espacios “de mejor calidad” para instalar torres de departamentos, alimentándose el negocio inmobiliario con las aspiraciones de obtener una casa mejor por parte de familias de distintos estratos socioeconómicos.

Otro factor que afecta el desborde inmobiliario es que el comercio y los servicios se encuentran en el centro de las ciudades, lo que provoca grandes movilizaciones de personas hacia estas concentraciones, sumando automóviles, tacos, vías concesionadas y todo lo que conlleva el traslado hasta los trabajos y colegios.

Como podemos ver, estos instrumentos reguladores favorecen las condiciones de la clase dominante ya que se elaboran conforme a los intereses inmobiliarios, siendo la administración presionada por obtener los máximos aprovechamientos posibles para el suelo.

Estos factores producen -directa o indirectamente- un problema social, ya que facilitan la segregación de los barrios, la falta de conectividad, provocando barreras sociales y estigmatización.

El crecimiento urbano implica, necesariamente, la participación de las personas en los proyectos de planificación de sus barrios y ciudades. El interés por el espacio, contaminación ambiental, zonas de sacrificio, el uso de suelos agrícolas, micro basurales, la dotación de equipamiento comunitario, se han visto disminuidas o anuladas por la lógica del mercado.

El prestigio social, las ganancias, a diferencia de aquellos situados en los suburbios donde fue relegada la pobreza, cobra mayor relevancia por las costas que pagan las inmobiliarias a las municipalidades y la capacidad de éstas para otorgarle servicios allí donde se establecen.

Durante estos años, distintas agrupaciones han hecho ver el problema social urbanístico habitacional que se presenta en la comuna. Es así que se han mantenido reuniones con el alcalde y concejales con el pedido de detener la gran cantidad de proyectos habitacionales aprobados, puesto que se estima que al año 2020 la ciudad superará las 220 mil personas, lo que conllevará caos en la locomoción colectiva y un tráfico en la ciudad que no se podrá sostener.

A modo de conclusión, resulta trascendental comprender que las ciudades son sus habitantes y vecinos; por ende, es importante que la opinión de ellos sea consultada y tomada en consideración cuando se quiere desarrollar proyectos habitacionales que afecta su calidad de vida.

Es importante que la sociedad civil agrupada en junta de vecinos tenga un poder mayor de decisión en los proyectos comunales, para así lograr la ciudad deseada en sus inicios y no que se convierta en una comuna con guetos urbanos y problemas sociales derivados de ello mismo.

Quilpué debe seguir siendo la ciudad armónica que siempre fue, con calidad de vida para sus habitantes, con extensas áreas verdes características del Valle del Marga Marga y con una urbanización acorde a los tiempos que se viven, con planes reguladores y decretos que impidan la sobrepoblación de la ciudad, para así lograr que siga siendo la ciudad con esencia campestre que entregaba tranquilidad y bienestar a sus vecinos.