Por Sebastián Giménez
Un problema que habitualmente se debate en los programas políticos de los medios de comunicación es el de la República.
Con bastante asiduidad se tilda a distintos gobiernos de antirepublicanos o antidemocráticos, criticándolos por sus prácticas autoritarias e inconsultas.
Como todo análisis político, está influido por intereses ya que la objetividad es un mundo lejano en estas materias en discusión. Todo grupo defiende sus intereses. Así, la Sociedad Rural califica de autoritario al gobierno kirchnerista mientras en su momento recibió con traje de gala a Onganía en su predio, que fue de los presidentes más antidemocráticos y antirrepublicanos de nuestra historia. Las corporaciones actúan siguiendo solo su conveniencia.
Me parece útil hacer un breve repaso por nuestra historia del siglo XX. Iniciaré este transcurso desde 1916 porque es este el año en que, mediante la ley Sáenz Peña, se puede hablar más acabadamente de democracia y de república.
En 1916 sube a la presidencia Hipólito Yrigoyen por el voto popular (aunque se excluía a las mujeres del sufragio), en un acto de democracia transparente. Antes de esto, las elecciones eran actos amañados, con voto cantado y fraudes escandalosos.
La democracia radical (1916-1930)
Hipólito Yrigoyen. Con Yrigoyen llegaron al Congreso miembros de las clases populares y media. Se amplió la participación política de los inmigrantes. El Estado intentó mediar entre los trabajadores y los empresarios concediendo algunas mejoras a los obreros. Durante su gobierno se decretaron numerosas intervenciones a las provincias gobernadas por conservadores, en una muestra de poco apego a los principios republicanos.
También tuvieron lugar hechos amargos como la semana trágica y las matanzas de obreros en la Patagonia. Sin duda, hechos que nos advierten que el carácter democrático y republicano del gobierno tenía los estrechos límites de los intereses de los poderosos.
Marcelo T. de Alvear. Tuvo una política más respetuosa de las formas republicanas y menos personalista que la de Yrigoyen. Su gabinete de “notables” y su política muy respetuosa del statu quo no precisaron de la misma manera de intervenciones provinciales, ya que hizo una alianza tácita con los sectores conservadores. Esto se vería con claridad más adelante, cuando toleró el régimen del fraude electoral impuesto por Justo, o lo criticó en el mayor de los casos muy levemente.
Ni república ni democracia: fraude (1930-1943)
J.E. Uriburu/Agustín P. Justo. El período se inicia con el golpe de Estado contra Yrigoyen que da lugar a la dictadura militar de Uriburu. Se quiere implantar una constitución corporativa y se cierra el Congreso. Se implanta la ley marcial contra anarquistas: Severino Di Giovanni fue la víctima ilustre de esta medida. El régimen de Uriburu no tuvo nada de democrático ni de republicano.
Tanto fue así que asustó a los propios militares, que lo reemplazaron con Agustín P. Justo. Militar y político más inteligente, armó un esquema de alternancia en el poder de candidatos conservadores mediante elecciones fraudulentas. Si bien se reabrió el Congreso, la república y democracia fueron menoscabadas por el fraude escandaloso. En el propio recinto del Congreso, se asesinó a Enzo Bordabehere, cuando se interpuso a las balas dirigidas a Lisandro de la Torreo, parlamentario demócrata progresista que denunció el negociado de los frigoríficos. Las clases dirigentes le dieron su apoyo a Justo para que el vicepresidente Roca firmara el pacto Roca-Runciman, que les aseguró una cuota de exportación a Inglaterra a cambio de vender la patria, dejarnos colonizar por Gran Bretaña que ingresó en los sectores claves de la economía argentina. Es un ejemplo de cómo a las clases dirigentes les interesa muy poco apoyar a gobiernos autoritarios si defienden sus intereses.
Luego de Justo, gobernaron Ortiz y Castillo en la misma tesitura, mediante fraude escandaloso y haciendo negociados a espaldas del pueblo argentino.
Este sistema cae con la revolución militar de 1943. Muchos autores la contabilizan como un golpe de estado más, sin reparar en que esta movida militar desalojó del poder a un sistema fraudulento, que de democracia y republicanismo no tenía absolutamente nada. No es lo mismo esta revolución que los golpes de Estado de 1930 o 1955, que terminaron con gobiernos elegidos por la voluntad popular.
La democracia peronista (1946-1955)
Juan Domingo Perón. Fue elegido y reelegido en comicios transparentes. Se reabre el Congreso que había sido cerrado por los militares en 1943. Se amplió la participación democrática al incorporarse los sectores humildes al Congreso de la Nación. Se otorgó luego de muchos años el voto femenino.
Encara un estilo de gobierno personalista que concentra el poder en su persona disolviendo el partido laborista que lo había apoyado en la contienda electoral de 1946. Impone medidas autoritarias, como la separación de Gay, jefe de la CGT y partidario de continuar con el partido laborista. Los medios de comunicación están sobre todo en manos oficiales.
Algunos dirigentes opositores son encarcelados. Los locales de partidos opositores y la sede del Jockey Club reciben ataques aunque luego de atentados contra concentraciones multitudinarias peronistas. Varias iglesias son incendiadas, hecho casi anecdótico luego del bombardeo a Plaza de Mayo realizado por la oposición civil y militar que causó numerosísimas víctimas.
La democracia amordazada (1955-1973)
Con el golpe de Estado contra el peronismo y su proscripción, se convierten en gobiernos ilegítimos e ilegales todos los de este período. Sin desconocer que cada gobierno tuvo sus matices, que pasaremos a detallar.
“Revolución Libertadora”. Desde la asunción de Aramburu, prohíbe mediante decreto-ley la sola mención del político depuesto y su movimiento. Una intentona revolucionaria de militares peronistas es sofocada y sus responsables fusilados, incluyendo civiles en José León Suárez. La CGT es intervenida. Numerosos peronistas son torturados. Se secuestra inadmisiblemente el cadáver de Eva Perón y se lo sepulta en Roma bajo nombre falso.
Con el Congreso cerrado, el gobierno se guía por una Junta consultiva de los partidos políticos. En consecuencia, es un gobierno totalmente antidemocrático, antirrepublicano y dictatorial.
Arturo Frondizi. Tiene como todos los gobiernos civiles de este período una ilegitimidad de origen por la proscripción del peronismo. Es el representante de una democracia muy débil, hecha a conveniencia de los poderosos y que será volteada ni bien se desvíe de lo que estos pregonan. Aplica el CONINTES, un plan represivo contra la clase obrera por la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Firma a espaldas del Congreso contratos con empresas petroleras.
Quiso promover elecciones limpias en la provincia de Buenos Aires, pero al enterarse del triunfo del peronista Andrés Framini, las anuló.
En conclusión, Frondizi fue un presidente muy poco democrático y republicano. Tan estrecho fue en ambos aspectos como se lo permitieron los militares en sus habituales “planteos”.
Arturo Illia. Su gobierno cuenta con la misma falencia de origen ya mencionada en el gobierno de Frondizi (la proscripción del peronismo). Abortó ilegalmente el regreso a la Argentina del ex presidente Juan Domingo Perón, cuando mediante su canciller lo obligó a volver desde Brasil a España.
Hizo revisar los contratos petroleros firmados por Frondizi al Congreso de la Nación, y los derogó.
No ejerció nuevas medidas autoritarias y represivas. Fue un gobierno más amplio democrática y republicanamente que el Frondizi, aún en los estrechos límites de la democracia sin el peronismo.
“Revolución argentina”
Juan Carlos Onganía. Derrocó al gobierno de Illia e implantó una dictadura. Cerró el Congreso. Intervino la Universidad. Reprimió salvajemente a estudiantes y profesores en la tristemente recordada “Noche de los bastones largos”. Hizo intervenir al Ejército como policía interna cuando los sucesos de Córdoba se desbordaron, generando una práctica aciaga sobre todo en los años por venir. En ningún momento abrió el juego político ni buscó democratizar su gobierno. De democracia y república, nada.
Alejandro Lanusse. Le tocó terminar con la “Revolución Argentina”. Emprende el diálogo con Perón, con idas y vueltas. Durante su gobierno, tiene lugar el hecho aciago del fusilamiento de los jóvenes guerrilleros en Trelew a manos de la Marina de guerra.
No encaró un gobierno totalmente represivo como el de Onganía, intentando abrir el juego político e incorporando civiles a su gabinete (Arturo Mor Roig es un ejemplo). Llamó a elecciones, aún con la prohibición a Juan Perón de presentarse como candidato por una claúsula ilegal que aplicó.
La democracia y la república decadente en tránsito hacia lo peor (1973-1976)
Héctor J. Cámpora. Limpiamente elegido por elecciones incuestionables. Dispuso la liberación de los presos políticos antes de que el Congreso dictara la correspondiente ley de amnistía. Si bien fue una medida poco republicana, evitó con la misma que la concentración de una multitud de jóvenes frente a la cárcel de Villa Devoto degenerara en violencia. Cámpora representó el intento de un gobierno democrático y progresista. Fue, modestamente, nuestro Salvador Allende, aunque no contaba con la misma legitimidad política porque el destinatario de sus votos era Juan Domingo Perón. Ejecutó un proyecto interesante que se llamó “Operativo Dorrego” donde buscó conciliar lo inconciliable: los jóvenes radicalizados y el Ejército argentino trabajaron juntos en obras de infraestructura de barrios precarios. Quiso así fomentar la integración y evitar el conflicto. No pudo. Nuestro Allende apenas gobernó poco más de un mes barrido luego de la crisis que desató la masacre de Ezeiza. Su destino no sería más próspero que el del chileno: durante la dictadura militar de 1976, debió refugiarse en la embajada de México, donde se le negó el salvoconducto para emigrar durante más de dos años. Mientras, no recibió la atención médica para atenderse de un cáncer que fue terminando con su vida lentamente.
Juan Domingo Perón. Triunfó en elecciones muy limpias por una amplia mayoría. Practicó el diálogo con la oposición radical, llegando a una convivencia pacífica.
Avejentado, no pudo conducir las contradicciones de su propio movimiento. No condenó el golpe de estado en el gobierno de la provincia de Córdoba, donde se reemplazó al gobernador afín a la Juventud.Peronista. También permitió un movimiento similar en el gobierno de Buenos Aires. Si no fomentó la represión oficialmente, toleró o no pudo impedir el accionar delictivo de la Triple A desde órbitas del ministerio de Desarrollo Social a cargo de López Rega.
Isabel Perón. Acentuó las características negativas del último período de Perón llevando al país al desastre. Dio mucho más poder a López Rega y su banda de criminales. Autorizó al Ejército Argentino a intervenir como policía interna con el decreto de aniquilamiento de la subversión.
Lo peor. Dictadura de 1976 (1976-1983)
Desapariciones. Asesinatos. Torturas. Innumerables vejaciones. Campos de concentración. Violación sistemática de los derechos humanos. Todo llevado a cabo por un Estado terrorista, inhumano, cobarde y corrupto. Democracia y república ni siquiera pueden pronunciarse en este período.
La restauración democrática y republicana (1983 – actualidad)
Raúl Alfonsín. Llegó al poder en elecciones limpias. De los gobiernos democráticos, fue de los que más la practicó. Toleró a la oposición y se mostró proclive al diálogo. El gobierno creó la CONADEP, que realizó una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Durante su gobierno se juzgó a la Junta Militar responsable del genocidio argentino. Sin embargo, nadie está libre de mancha. Promulgó las leyes de obediencia debida y punto final, normas profundamente antirrepublicanas y antidemocráticas. También inconstitucionales, como se resolvió hace poco en el Congreso de la Nación.
Durante la presidencia de Menem, acordó mediante el pacto de Olivos la aprobación de la nueva Carta Magna a libro cerrado, sin debate. Otra medida poco republicana y democrática, aun sin formar parte del gobierno en ese momento.
Carlos Saúl Menem. Accedió al gobierno por elecciones incuestionables. Bajo su gobierno se aprobaron muchas leyes a libro cerrado y de forma escandalosa, como la ley del diputrucho por la que se vendió Gas del Estado. Todas las leyes que desguazaron el patrimonio público se aprobaron con sospechas de soborno de los legisladores. La de venta de Y.P.F se aprobó en una sesión que duró solo quince minutos y sin presencia de la oposición. Cultivó, digamos, maneras poco republicanas aunque no desprovistas de la legitimidad que le dio el poder político con que contó. Indultó a las Juntas militares que habían sido juzgadas por Alfonsín.
Impulsó la reforma constitucional que lo habilitó para reelegirse a libro cerrado por el pacto de Olivos, sin permitir la discusión.
Reprimió a los primeros grupos de piqueteros, invocando el derecho a libre tránsito por las rutas argentinas pero sin reconocer el derecho de los reclamantes a un trabajo digno.
Fernando De la Rúa. Llegó al gobierno con el apoyo mayoritario de la población. Durante su gobierno, se aprobó la reforma de la ley laboral con el escándalo de los sobornos con “la Banelco”. El Congreso de la Nación, ante la crisis económica que avanzaba, le dio súper poderes al ministro Domingo Cavallo.
Mediante decretos, se implantó el recorte de las jubilaciones y sueldos de empleados públicos, además del corralito financiero. Otro decreto estableció el estado de sitio, lo que trajo tristes remembranzas de un pasado que parecía superado. Las fuerzas de seguridad reprimieron terriblemente el 19 y 20 de diciembre de 2001, dejando 30 muertos en las calles argentinas.
Una vuelta de tuerca
Repasando la historia argentina desde 1916 en adelante, vemos que cada uno de los gobiernos realizó prácticas reñidas con las formas republicanas y democráticas. Por supuesto, hubo matices, gobiernos más o menos democráticos, y gobiernos que de democráticos y republicanos no tuvieron absolutamente nada. Estas diferencias intentaron retratarse en el breve repaso acotado y subjetivo que se hizo. Parece ser entonces que la Argentina estuviera imposibilitada de tener una verdadera república y una democracia cabal.
Durante la crisis del 2001, surgió sin embargo un movimiento reivindicativo de la democracia en su forma asamblearia. En distintos barrios se fueron creando asambleas populares con la directa participación de los ciudadanos, cuestionándose la representación política y la representatividad del Congreso de la Nación, en su momento de mayor debilidad debido al saqueo que había permitido y que nos dejó en una crisis límite. Sin embargo, el movimiento asambleario estaba condenado a fracasar. El gobierno de un país parece exceder el microcosmos de una asamblea. Este movimiento se desintegró o sobrevivieron solo unos resabios en la búsqueda de una pureza democrática imposible en sociedades tan amplias y complejas como la nuestra.
Helder Cámara, sacerdote tercermundista de Brasil, dijo alguna vez que no podía hablarle de religión a una familia que padecía hambre o vivía en situación de calle. Antes de hablarle de Dios, manifestó, es imprescindible que el hombre tenga antes pan y techo. Lo mismo vale para nuestro país y el tema que tratamos: antes de hablar de república y democracia debemos sacar a millones de argentinos de la miseria a la que son condenados por la exclusión social.
Apuntó José Pablo Feinmann (Página 12 del 16/11/2014) que la democracia es un buen sistema porque incluye el consenso como su parte sustancial. Pero la democracia, agregó el autor, no elimina las desigualdades sociales, “…y dichas desigualdades nos retornan al conflicto. Cuando estos son indominables dentro de las sociedades, el Estado acude a la represión. Ahí se desnuda un conflicto fundamental: entre los poseedores y los no poseedores”.
Los poseedores y los no poseedores. Los empresarios y los trabajadores. Los monopolios y la pequeña y la mediana empresa. Los poderosos y los excluidos. Una sociedad al borde de la fractura y del conflicto. Donde la inseguridad se convierte en pandemia. Donde el Estado interviene de modo espasmódico y superfluo, porque carece de los medios de antes del neoliberalismo o porque la sociedad se complejizó por el tabú de la globalización o porque le falta voluntad política de encarar los cambios que posibiliten una nueva integración y un consenso democrático.
Pero no siempre fue así. Argentina, si parece ser una república imposible, demostró en cambio en otros períodos de su historia que la justicia social sí fue posible. Fue cuando los trabajadores se apropiaron de más de la mitad de la renta nacional, cuando se promovieron los derechos de los más débiles, se dieron mejoras a los sindicatos y se consiguió el pleno empleo en un país industrialista. Fue cuando el Estado intervino garantizando los derechos de los más débiles, dándoles innumerables conquistas dentro de un sistema social que los contenía y dignificaba. Sistema que tardó en ser desarticulado, defendido por las movilizaciones populares y el movimiento obrero organizado. Modelo inclusivo que sobrevivió con idas y vueltas hasta la dictadura de 1976, que iniciaría el desastre humanitario, económico y social de la Argentina. Desastre social que se prolongó y profundizó ya en democracia.
Fidel Castro, en su última visita a la Argentina, dijo desde las gradas de la Facultad de Derecho: “Conozco países con tantos recursos, que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad, vean, de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía, de tipo radical, como el que ha hecho nuestro país…el problema está en la distribución equitativa de la riqueza”.
Un país donde los trabajadores pagan un impuesto a las ganancias nos dice mucho más que un gobierno poco abierto al diálogo o que hace funcionar el Congreso como una escribanía. Arturo Jauretche criticaba cabalmente al liberalismo al postular que, si no intervenía el Estado, el mercado se comía la riqueza y a los más pobres. A los pobres los defiende el Estado o quedan a la buena de Dios. No parece adecuado entonces criticar solo las formas, los valores republicanos de los que nadie puede hablar con autoridad en nuestra historia reciente, sino que es pertinente poner en el tapete la discusión sobre la distribución de la riqueza. No hay que olvidar que conquistas como el aguinaldo o las vacaciones pagas se establecieron en su momento por decreto.
Si en 1952 los trabajadores se apropiaban de un 54% del ingreso nacional, y aún en 1975 les correspondía casi el 50%, vemos en la actualidad, aún sin cifras oficiales confiables, que estamos lejos de esos guarismos y las consecuencias se hacen sentir. Mientras tanto, no pocos medios de difusión continúan hablando de las falencias democráticas y la discrecionalidad de las autoridades o de una de las consecuencias de la distribución inequitativa, la inseguridad.
El breve repaso de nuestra historia nos permite comprobar que una democracia y una república cabales son imposibles si no se logra o al menos se avanza hacia la justicia social que permita lograr una sociedad mejor integrada y con posibilidades para todos. Sin justicia social se vuelve imposible el consenso. Toda nuestra historia parece deslizarse en ese gris de no conseguirlo, de sueños truncos, de ambiciones hegemónicas de los poderosos, de momentos de paz latente a la espera de un nuevo detonante que vuelva a desnudar otra vez el conflicto entre los poseedores y los no poseedores.