Continúan las prácticas mafiosas

Por José Luis Parra
Un nuevo caso de impunidad se suma a los tantos que siguen ocurriendo en Argentina y en toda América Latina, como continuidad de la acción de las dictaduras militares y el avance del poder económico de las multinacionales.
A los 15 meses de la desaparición de Jorge Julio López (principal testigo en el caso contra el represor Miguel Etchecolatz), otro represor -Héctor Febres- murió envenenado con cianuro mientras esperaba el fallo en su contra, alojado en una sede de la Prefectura Naval.

El gobierno argentino de los esposos Kirchner levanta la bandera de los Derechos Humanos para sacarse la foto, mientras aumenta la concentración de la riqueza y el alineamiento al capital multinacional; se mienten los índices relacionados con el costo de la vida y se profundiza la dependencia económica, con crecimiento de los indicadores de pobreza y subdesarrollo.
Las banderas “oficiales” de los derechos humanos consisten principalmente en anunciar el acondicionamiento de los centros ilegales de detención durante la Dictadura, como “museos de la memoria”.
Durante más de 25 años, los represores de las fuerzas armadas, policía, gendarmería, prefectura, etc., convivieron con los ciudadanos comunes, se mimetizaron en una sociedad que fue cediendo espacios de participación en la medida en que los resortes de poder continuaron en manos de los sectores de la gran concentración económica que apoyaron y fueron beneficiados por los gobiernos dictatoriales o títeres.
Los sistemas mafiosos mantienen su poder de inteligencia y de fuego.
Sin embargo, la movilización del campo popular desde los Juicios por la Verdad, logró concretar la reapertura de juicios contra los represores, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, aún se movilizan las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) luego de 27 años pidiendo justicia, con estas consignas:

En ese marco, con Jorge Julio López sin aparecer luego de 15 meses de su secuestro, el hallazgo del cadáver del ex prefecto Héctor Antonio Febres vuelve a conmover.
Esta muerte motivó a la jueza federal Sandra Arroyo, a pedir la detención de los dos efectivos de la Prefectura que tenían a su cargo la custodia del represor en una delegación de esa fuerza, así como a la mujer y los hijos del muerto. La pregunta es: ¿quién permitió que la prisión de Febres se efectivizara allí?
Febres tenia un régimen de detención privilegiado ya que habitaba un departamento de dos ambientes amueblado, con TV, equipo de DVD, computadora con acceso a Internet y telefonía celular.
No había restricciones de visitas, de tal modo que su última cena (¿la del cianuro?) la compartió con sus familiares directos.
Rodolfo Yanzón, abogado de los sobrevivientes Carlos García y Alfredo Margari, destacó que la muerte no se produjo en una cárcel común sino bajo las autoridades de la Prefectura Naval, una de las instituciones que ha sido directamente responsable de lo que pasó en la Escuela de Mecánica de la Armada, organismos que están en el banquillo de los acusados.
Existe directa responsabilidad de la Prefectura Naval y de los jueces que dispusieron su alojamiento en ese lugar y no en cárceles comunes.
El tribunal que juzgaba a Febres daría a conocer esta semana el veredicto y el acusado tendría la oportunidad de hablar.
Este nuevo hecho no se ocultó ni se hizo aparecer como un accidente, sino todo lo contrario. Resultaría entonces la expresión mafiosa de “callar al testigo” o la manifestación de un pacto de silencio para lograr un efecto de temor para dar “el ejemplo”.

¿Lograrán estos hechos el efecto deseado de atemorizar? ¿O impulsarán una nueva ola de movilización y pedido de Justicia?