Por José Luis Parra
Una de las características más notables del sistema capitalista es la de generar subdesarrollo en aquellos espacios dotados de enormes riquezas naturales. Las grandes multinacionales hacen negocios explotando los recursos nativos para quedarse con las mayores ganancias y dejar suelos arrasados y erosionados, agua contaminada y endeudamiento producto del escaso o nulo desarrollo económico determinado por la relación desigual entre la producción y exportación de materias primas (minerales, petróleo, soja, etc.) y la importación y consumo de productos con alto valor agregado.
Seguimos escuchando el mismo argumento utilizado desde hace siglos: “para nuestros países subdesarrollados es muy importante contar con inversiones que generen puestos de trabajo”. La Historia confirma que dicho argumento es falaz.
Resulta interesante observar nuestra realidad americana, en la que miles de seres humanos coinciden en sus reclamos contra la expoliación de los recursos, en defensa de la vida y del futuro de nuestros niños.
Margen propone una recorrida informativa actualizada por nuestro continente, como forma de solidaridad y compromiso fente a las grandes injusticias de nuestra época.
Indígenas amazónicos unen fuerzas para rechazar la minería “devastadora” (Venezuela, julio 2014)
Indígenas amazónicos han difundido una serie de comunicados desesperados para pedir a sus gobiernos que detengan las actividades mineras que están destruyendo sus tierras y amenazando su existencia.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) ha expresado su “profunda preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal” y pide al Gobierno de Venezuela que revise su política minera, la cual considera entra en “clara contradicción entre la intención [de Venezuela] de salvar el planeta y la especie humana tal como señala el Plan de la Patria”, (Plan Nacional para el periodo 2013-2019).
El Gobierno creó una comisión presidencial en marzo para desarrollar la minería en la región sin realizar la debida consulta a los pueblos indígenas quienes han alertado sobre el “serio daño medioambiental” que infringirá a su selva.
Los indígenas han exhortado a la moratoria de la actividad minera en la región sur del Orinoco y al inmediato reconocimiento de los derechos de titularidad de su tierra garantizados en la Constitución.
La organización indígena Kuyujani declaró en un reciente comunicado: “Se trata de una cuestión (…) de ejercicio de autonomía y del derecho a la autodeterminación”.
Las tribus yanomami y yekuana continúan presenciando la polución de sus ríos con el mercurio de los mineros que contamina el agua de ingesta humana y el pescado que consumen. Muchas de sus comunidades han sido devastadas por las enfermedades y la prostitución introducidas por los mineros.
Investigaciones de científicos venezolanos publicadas en 2013 evidenciaron que el 92% de las mujeres indígenas en la región registraba niveles de contaminación por mercurio que excedían los niveles aceptados a escala internacional.
Fuente: Survival, en http://www.survival.es
Minería de uranio: resistencia a su explotación (Argentina, julio 2014)
Vecinos de La Rioja impiden el paso de vehículos de la Comisión Nacional de Energía Atómica por la ruta 38 desde hace dos meses. Esperan evitar que se ponga en marcha la extracción de uranio en el denominado Cordón del Velazco, que rodea la ciudad capital. La situación genera una fuerte controversia dado que el movimiento en contra de las minas en esta provincia es muy fuerte desde hace años.
Minería de uranio: resistencia a su explotación
A partir de 2011 -y de acuerdo al denominado Plan Nuclear Argentino que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reactivó en 2006-, se retomaron las exploraciones en busca de nuevos depósitos explotables de uranio, no sólo en Chubut, donde hoy se encuentran los principales yacimientos uraníferos, sino también en otras provincias como Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Salta, Catamarca y La Rioja.
Hugo Nielson, ingeniero en minas de la Universidad Nacional de San Martín y secretario general del Organismo Latinoamericano de Minería, explicó a Argentina Investiga que el uranio es necesario para hacer funcionar las tres centrales de energía nuclear que hay en el país, que en la actualidad debe importarlo. “Y no podríamos dejar de utilizar esas centrales porque la canasta energética estaría incompleta, no alcanza con la energía hidráulica y el petróleo”, advierte el especialista.
Sin embargo, frente a la demanda energética, también se levantan temores y resistencias por los riesgos ambientales y sobre la población que pueden generar estos trabajos de minería. Tal es el caso en La Rioja. Allí, vecinos de la Asamblea Riojana Capital y Autoconvocados de Puerto Alegre al Cantadero se instalaron hace casi dos meses en la ruta 38, entrada al Duraznillo, para impedir el paso de los vehículos de la CNEA que intenten llegar a la zona de El Cantadero, ubicada a alrededor de 20 kilómetros de la capital de la Provincia. En una superficie de casi mil hectáreas, allí ya se estaban preparando las condiciones para extraer uranio. “Como vemos que no se puede frenar de otra forma, tomamos la decisión y nos paramos en el camino que lleva al ingreso de la mina; estamos ahí desde el 17 de marzo”, relata Marisa Romero, de la Asamblea Riojana Capital, y aclara que sólo impiden el paso de aquellos vehículos que quieren acceder a la mina, pero no de los pobladores, que pueden circular normalmente y algunos de los cuales, incluso, apoyan el corte.
Mientras tanto, los vecinos de La Rioja siguen disconformes: “Todo lo hacen en forma muy clandestina y tenemos que estar buscando la información, que vamos consiguiendo a cuenta gotas”, asegura Romero y recuerda que en algunas ocasiones fueron a recorrer la mina y pudieron dialogar con técnicos, aunque “lo que sale de esas discusiones es siempre lo mismo: que se puede hacer en forma controlada, que no tenemos que oponernos porque la CNEA es un órgano del Gobierno nacional que no puede violar las leyes y no va a contaminar ni a trabajar en forma irresponsable… Y bueno…”.
Fuente: Argentina investiga, en http://argentinainvestiga.edu.ar
Miles de campesinos e indígenas expresaron su rechazo a proyectos mineros e hidroeléctricos (Guatemala, junio 2014)
Los sectores indígena y campesino bloquearon desde tempranas horas las principales carreteras del país para exigir a las autoridades de Gobierno, el respeto a las consultas y al estilo de vida de las comunidades que rechazan abiertamente la minería, las hidroeléctricas y los monocultivos en sus territorios.
Además, los inconformes expresaron su malestar por los altos costos de la energía eléctrica en municipios del suroccidente del país, así como oposición a la Ley de Control de Telecomunicaciones y a la represión policial contra la resistencia en La Puya, en San José del Golfo.
Los organizadores calcularon que en cada punto bloqueado había unas mil personas, “para defender nuestras tierras y territorios, y sus bienes naturales, con sabiduría y valentía, frente a las amenazas y atentados que sufrimos por parte de empresas, que actúan con la complicidad de autoridades del Gobierno”.
Regalías
Según informó el periódico Prensa Libre, “La extracción de oro en la mina Marlin, en San Marcos, reportó durante el primer semestre de este año ingresos por US$229 millones —Q1 mil 813 millones 54 mil 730—, para convertirse en la de mayores beneficios para sus accionistas, según el informe financiero que les presentó la casa matriz en Canadá”. (Prensa libre, en http://www.prensalibre.com)
Fuente: Noticias de América Latina y el Caribe, en http://www.nodal.am
Rechazo a la minería (Honduras, 2014)
La Policía no persigue delincuentes, persigue indígenas; las Fuerzas Armadas no defienden la soberanía, pero acosan a quienes la defienden en las montañas.
Mientras los conflictos sociales se multiplican en Honduras, la “Coalición de Organizaciones contra la Ley de Minería” ha encontrado en la nueva ley artículos inconstitucionales y prepara un recurso legal contra la misma.
En Atlántida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), y los pobladores de las 16 comunidades del sector Florida, municipio de Tela, denuncian las pretensiones del Sr. Lenir Pérez de explotar una mina de hierro “a como dé lugar”; el conflicto es manifiesto y el alcalde de Tela y la Policía arremeten en contra de las comunidades.
En Ocotepeque: el Área Protegida Reserva Natural del Guisayote está amenazada por los mineros y las comunidades se organizan para repelerlos. En Gualaco, Olancho, el Parque Nacional Montaña Botadero tiene dictámenes favorables para que se explote una mina de hierro; mientras, el instituto responsable de conservar las Áreas Protegidas y la vida silvestre se pronuncia a favor de que dichas áreas sean destruidas por la minería; en contraste, el director de USAID-Proparque, Christopher Seeley, advierte sobre el desequilibrio entre conservación y desarrollo económico como posible causa de graves impactos al ambiente que pueden generar conflictos.
En Santa Rosa de Copán, en la Mina de San Andrés se han extremado las medidas de control por parte de la empresa y se presume que van a explotar ahora el Nuevo San Andrés. La comunidad de Azacualpa sería la segunda comunidad en ser desplazada por la minería. Santa Bárbara: en Zacapa se lucha contra la represa que se quiere construir en el río Gualcarque y contra la minería que se sospecha viene con ella. Los inversionistas de la represa son un banquero deportista de Tegucigalpa y una transnacional China, (DESA/SINO HIDRO).
Hay un muerto y varios líderes comunitarios han sido encarcelados y liberados, incluyendo a la coordinadora de la etnia lenca y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh) Sra. Bertha Cáceres.
El ministro del Ambiente para justificar la licencia que ha extendido sin consultar a las etnias, evade su responsabilidad por incumplimiento del Convenio de la OIT 169, simplemente desconociendo la existencia del pueblo lenca y la ministra de las Etnias, haciéndole coro, se atreve incluso a descalificar al Copinh. El Alcalde de Zacapa se opone a la empresa, mientras que los de Intibucá y San Francisco de Ojuera están a favor.
Las comunidades también están en conflicto, pues algunas de ellas han sido seducidas por las promesas de los empresarios, mientras otras lideradas por la etnia lenca, tienen casi 3 meses de obstaculizar el acceso de la maquinaria, a pesar de estar siendo amenazados y hostigados, por Fuerzas Armadas, Policía y fiscales.
Fuente: El Heraldo, en http://www.elheraldo.hn