A casi dos años de su aprobación, y en el Día Mundial de la Salud Mental, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) observa con preocupación la falta de reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), que limita su completa implementación y la conformación de su órgano de revisión.
El pasado 27 de septiembre, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas difundió sus observaciones finales sobre la situación de este colectivo en la Argentina e instó al Estado a adoptar lo antes posible la reglamentación de la ley y a tomar las medidas necesarias para armonizar su legislación a nivel federal, provincial y local con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante años, el reconocimiento de personas con discapacidad mental como titulares de derechos fue culturalmente más resistido que aquellos cambios referentes a otros tipos de discapacidad. La LNSM, aprobada en noviembre de 2010, constituyó uno de los avances más importantes en materia de derechos humanos en el país. Sin embargo, su falta de reglamentación hace que estos avances no puedan ser totalmente concretados y que persistan graves violaciones de derechos de las personas con padecimientos mentales alojadas en instituciones psiquiátricas públicas y privadas.
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