Entrevista a Verónica Huilipan, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA

-¿Cómo está la situación de las tomas de tierras en todo el país?

Sobre la situación de la lucha territorial de los pueblos indígenas, lamentablemente tenemos que decir que cada vez es más fuerte y cada vez hay más violencia contra los pueblos originarios que defienden sus territorios. Se ha profundizado la criminalización del ejercicio de los derechos por parte de los pueblos indígenas y se habla de que en la actualidad hay más de 600 indígenas procesados por defender sus tierras, ha habido asesinatos lo que es un agravante mayor, los asesinatos por defender el territorio, tanto del hermano Chocobar en Tucumán, el hermano Roberto López del pueblo qom en Formosa, Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.

Y lo que está pasando más recientemente que tiene que ver con la situación de la comunidad nam qom –que es una comunidad del pueblo qom en Formosa que se reconstituyó hace muchos años-, es que un grupo de familias que fueron expulsadas de su territorio de origen por la industria sojera terminaron viviendo en la capital, engrosando el bolsón de pobreza. Lo que hicieron fue buscar mejor calidad de vida reorganizándose en comunidad. Para esto necesitaban un espacio territorial que los unifique y los identifique y lo encontraron en un espacio fiscal -como se denominaba en ese entonces porque no estaba ocupado y no tenía ningún tipo de uso-, donde se instalaron y desarrollan allí la vida comunitaria. Tuvieron que soportar distintas amenazas de desalojo de ese espacio, fueron resistiendo, fueron ganando aliados en la sociedad de Formosa, uno de los más importantes fue la gente de la Iglesia que los acompañó, distintas sectas religiosas y organismos de Derechos Humanos que siempre estuvieron cerca. Eso ayudó bastante a que pudieran seguir desarrollando su vida en ese espacio. Hace unos veinte días atrás vino una nueva amenaza de desalojo.

Llegaron con una orden de desalojo, llegó la policía, sitió y valló el lugar y hay un cordón policial y mucho control de la gente que entra y sale de la comunidad. Incluso los primeros días no dejaban entrar ni salir a nadie y no podía ingresar comida, fue muy grave lo que pasó la primer semana. Por eso tuvimos que actuar todos los organismos que estamos acompañando el proceso del movimiento indígena. Producto de todo el accionar que hicimos de manera conjunta en red, se logró que habilitaran la entrada y la salida de comida, de agua, la salida de la gente para casos de emergencia. En la actualidad hay un proceso judicial ordenado por un juez de hacer un relevamiento social y ambiental a la comunidad, para determinar cuántas familias hay, desde cuándo viven ahí, para ver si encuentran razón de que la gente continúe en ese espacio.

Y esto ocurre cuando existe una ley nacional, la Ley 26160 creada en noviembre del 2006 que manda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a hacer un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras de las comunidades indígenas de nuestro país. Junto con ella se ordenó a todo el sistema judicial a que se paralizara todo proceso de desalojo, todo trámite administrativo de procesos de desalojo contra comunidades indígenas. La Ley tenía un mandato, hacer el relevamiento en el término de cuatro años, y las suspensiones de desalojo tenían que ser durante esos cuatro años.

A finales del 2009 ya se tuvo que plantear una prórroga por parte de los pueblos indígenas porque los relevamientos no se hacían, los desalojos o se paralizaban –de hecho se agudizaban, en ese período matan a Chocobar-. La prórroga se pide al Congreso que la habilita y se extiende hasta el 2013, dentro de muy poquito y el resultado que tenemos en las manos es tremendamente crítico y alarmante. Porque por un lado el presupuesto para hacer el relevamiento era mínimo (30 millones de pesos) y hace veinte días atrás salió un informe de la Auditoría General de la Nación que informa que el INAI gastó 24 millones de pesos y el relevamiento no se hizo, los desalojos no paran, los procesos judiciales contra los hermanos no paran, lo que son elementos suficientes para decir que este gobierno se ha desinteresado totalmente de la situación de los pueblos indígenas y en vez de estar protegiendo y resguardando los derechos de las comunidades está actuando en protección de las necesidades de los aliados estratégicos en cada una de las provincias.

En el caso de la provincia de Formosa, se prioriza una alianza estratégica en términos de desarrollo con el gobierno en detrimento de la vida y el desarrollo de las comunidades indígenas de esa zona. El de la comunidad nam qom es un caso, otros son los que conocimos públicamente por el acampe en la 9 de Julio y Avenida de Mayo y el caso de La Primavera; pero hay conflictos que no conocemos en otras comunidades, que no los escuchamos porque no alcanzan a llegar a la Capital, pero son procesos que hemos ido a acompañar con la CTA y esto nos permitió conocer distintas realidades al interior de la provincia de Formosa, como las comunidades wichi, la comunidad niwaklé, todas muy golpeadas.

Podemos decir con los elementos en mano que en la región del NEA y en la región del NOA de nuestro país se está viviendo un desastre humanitario como los que ocurren en África y en Asia. Eso pasa en Argentina, una argentina tapada, silenciada, que se prefiere callar y silenciar. Muchos hermanos están desapareciendo, hay pueblos enteros amenazados de extinción por hambre en un país rico como el nuestro, como los hermanos wichí del Chaco. Pueblos amenazados por enfermedad que en la actualidad son curables pero a las comunidades no llega el sistema de salud.

Esa es la situación de hoy con los pueblos originarios del país. Hay 30 nacionalidades distintas de pueblos originarios. Las regiones NEA, NOA y cuyo concentran la mayor cantidad de pueblos diversos, en la Patagonia existen sólo tres, el pueblo shelknam, el pueblo tehuelche y el pueblo mapuche. La realidad de los procesos indígenas que existen en el sur es completamente distinta a la del norte. En el sur se están dando luchas territoriales con planteamientos políticos de transformación institucional del Estado para que haya contención de la institucionalidad indígena. En el norte la lucha es por la comida, por el agua potable, para que llegue el sistema de salud y poder paralizar los procesos de muerte cotidiana.

Esto es algo que también estamos poniendo en valor para poder hacer un trabajo más cercano de acompañamiento a los distintos procesos. Para la CTA es un dato fundamental porque no podemos pensar que hay una situación indígena homogénea ya que existe una diversidad dentro de la población indígena que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar estrategias de participación, que esas estrategias tienen que tener condiciones de contención de las distintas realidades donde llegamos,

En ese poco tiempo hemos hecho un diagnóstico que yo hasta ahora prefiero decir superficial porque creo que será sustancioso en tanto y en cuanto podamos llegar a cada uno de los territorios para poder ratificar la información que hoy tenemos.

-¿Cómo ven ustedes los cambios políticos en Bolivia y Ecuador, sus reformas constitucionales, como la incorporación del Estado Plurinacional en Bolivia?

El proceso de Bolivia es un proceso revolucionario que no se puede negar y nos enorgullece. Es un proceso que ha tenido una dinámica lo suficientemente importante como para haber gestado el hecho histórico que se dio en la región, haber generado ese proceso de transformación simbólica del Estado monocultural y racista que venimos planteando que existe en la región y Bolivia fue capaz de transformarlo, desde la constitución a cada uno de sus elementos.

Es un hecho histórico que nos da condiciones para pensar el país que pretendemos, salvando las diferencias porque sabemos claramente que Bolivia tiene el 80% de población indígena y en Argentina no alcanzamos al 10% y acá nos toca pensar si el proyecto que planteamos es de un proyecto en términos de participación cuantitativa o de participación cualitativa.

Ahí es donde el debate se enriquece, ver qué es lo que pretendemos. Cuando Evo Morales dice que la alternativa al desarrollo capitalista que nos han impuesto radica en poder empezar a debatir acerca del buen vivir, y que ese buen vivir tiene que tener necesariamente como prerrequisitos para el cumplimiento la autonomía de los pueblos, el reconocimiento de la identidad cultural de cada uno de ellos, el reconocimiento de su propio sistema organizativo, habla a las claras de que hay condiciones, por lo menos, para empezar a profundizar el debate y poner en evidencia cada día que esa nueva relación que se plantea es posible.

Desde el punto de vista jurídico ha habido un avance sustancial. Acompaña muy bien el proceso que se dio también en Ecuador, que ha sido muy interesante. De hecho los pueblos indígenas de Argentina hemos ido a buscar referencia de los pueblos indígenas de Ecuador. No es casual que Ecuador fue sede del reencuentro de las 460 nacionalidades originarias del continente en el año 90, reunidas en Quito para preparar el proceso de coordinación de los pueblos ante el advenimiento de los festejos de los 500 años de la llegada de los españoles.

Ecuador nos ha dado bastantes luces, desde el punto de vista político en términos de movimiento y desde el punto de vista normativo en términos de participación en el propio Estado, porque esa experiencia en Ecuador tuvo resultados muy interesantes, para hombres y mujeres del movimiento indígena con puestos estratégicos dentro del gobierno.

Fue un proceso de avanzada que dio mucha letra y mucha expectativa al resto del movimiento en América.

Colombia también tiene lo suyo a pesar de que conocemos la violencia permanente que existe allí contra los pueblos originarios, contra los pueblos pobres. Sin embargo producto de la movilización y organización de estos pueblos se han generado transformaciones legislativas muy potentes. Colombia, por ejemplo, fue el primer país que reconoció los recuerdos indígenas, que acá se puede entender como reconocer territorios indígenas, lo que implicó reconocer jurisdicción indígena, norma indígena y se generaron condiciones para un nuevo pacto social, para un nuevo sistema de ordenamiento administrativo de relación con esos pueblos diferenciados dentro de ese Estado.

Lo más reciente es el aporte que está haciendo Perú con una ley sobre consulta muy interesante, que es un derecho que está demandando el movimiento indígena con mucha fuerza, porque si miramos a nivel regional ninguno de los países de la región está exceptuado de la invasión de las multinacionales extractivas en sus territorios y el derecho más afectado en todo esto es el derecho a la consulta.

Perú ya discutió su Ley de Consulta y ahora se está dando un debate bastante fuerte y crítico sobre la reglamentación de la Ley para su aplicación. Tiene mucha crítica del movimiento indígena peruano porque con estos gobiernos progresistas, como decimos nosotros, siempre hay una de cal y una de arena. La ley es muy buena, es sobre consulta y participación de los pueblos, pero resulta que la reglamentación se está haciendo sin consulta y sin participación.

Estas cuestiones las vivimos casi de manera permanente, entonces es un desafío para los pueblos indígenas el cómo ir superando esos vacíos que van quedando.

-Me contabas sobre los asesinatos que han ocurrido por las tomas de tierras, ¿los responsables de esos crímenes están siendo juzgados?

– En principio no hubo una rápida reacción del Poder Judicial para investigar y poder llevar a la cárcel a los responsables de estos asesinatos. Después producto de la movilización que fuimos generando desde los distintos organismos y organizaciones sociales logramos que el Poder Judicial se involucre y tome cartas en el asunto.

El caso de Chocobar, por ejemplo, está todavía en proceso de investigación, no hay sentencia. En el caso del hermano Roberto López, hermano qom de Formosa, se llevó a juico a Félix Díaz. Se pretendía juzgar solamente a la víctima y producto de la presión que generamos con comunidad adelante, logramos que se investigue a la policía de Formosa. Se separó a un policía de la provincia y se cerró la causa. Se desligó a la víctima de todas las acusaciones que se hicieron en su momento, que eran graves. Una de ellas era de usurpación, otra de homicidio, otra resistencia a la autoridad.

O sea que le juntaron todas las acusaciones posibles para que Félix Díaz pudiera quedar preso unos cuantos años junto a toda su comunidad. No quedó preso Díaz, tampoco hubo ningún preso del otro lado y todo quedó allí. No se investigó como nos hubiera gustado para inculpar al responsable político mayor que es el gobernador Insfrán.

-¿Y cómo quedó el caso de Ferreyra en Santiago del Estero?

– Todo se dio de la misma manera, cuando interviene el Poder Judicial y se inicia un proceso de investigación ya está viciado antes de comenzar, ya tiene una definición tomada. Entonces, a lo sumo, se hace una pantomima para que todo el mundo crea que se está investigando, pero en definitiva todas las causas van a parar al mismo lugar, tienen el mismo resultado. Esa es otra situación que hay que poner en evidencia y empezar a revisar. Muchas veces desde el movimiento indígena nos urge más el sostenimiento permanentemente del resguardo territorial donde se desarrolla la vida comunitaria, la vida cultural, la vida filosófica, la vida productiva, la vida de cada día y se pierde el enfoque de aquello sustancial que también le está mostrando a la sociedad cómo está funcionando el sistema judicial.

Desde la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios estamos articulando con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, con el SERPAJ, con la Defensoría Pública siempre enfocados en la necesidad de poder realizar un informe de situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de Argentina que pueda poner en evidencia la situación social, la situación territorial y la situación de indefensión judicial que tienen las comunidades indígenas que están decididas a seguir siendo indígenas y defender sus territorios para poder seguir siéndolo.

Y poder llegar con este informe a los distintos organismos de Naciones Unidas que tienen la responsabilidad de controlar la aplicación de los tratados internacionales que se generan en la ONU respecto de Derechos Humanos de pueblos indígenas, como para ir también a la OEA, a la Comisión Interamericana –en primera instancia, llegado el caso iremos a la Corte-, para que generen recomendaciones necesarias que permitan hacer repensar a nivel interno, en términos de instrumentos para el movimiento indígena y el movimiento social que presionen cada vez más y mejor con propuestas de generación de nuevas políticas públicas en el país que permitan superar estas situaciones que estamos viviendo.

-Pero está claro que el capitalismo y la vida no van juntos

– No, no tienen nada que ver, son cosas totalmente antagónicas. El capitalismo es la destrucción y el buen vivir es la necesidad de desarrollo armónico de una sociedad en torno a la naturaleza donde se desarrolla.