La Despenalización, la Legalización y la Ley de Drogas

COMUNICADO DEL GRUPO MARGEN

Desde la Cooperativa de Trabajo Margen, integrada por trabajadores y profesionales que nos desempeñamos en el ámbito de las políticas públicas, sociales, de salud, salud mental y en espacios académicos y ante las discusiones actuales en torno a los proyectos sobre despenalización del consumo de algunas drogas para uso personal, queremos decir:

1. En estos días de debate han aparecido distintas posiciones. Resulta necesario tratar de acceder a los motivos que sustentan las distintas posturas y así intentar establecer un puente que permita -a través del dialogo y debate- acercar posiciones cuando esto fuera posible.

   Los distintos proyectos de despenalización del uso de drogas para consumo personal han sido presentados, en algunos casos, a través de los medios de comunicación, con imágenes que aludían a la legalización de las distintas sustancias: plantaciones de marihuana, distintas marchas por la legalización y el uso indistinto tanto por parte de periodistas como de opinadores de los términos despenalización y legalización. Todo este montaje discursivo, ha sido presentado con un fuerte tono emocional, en donde no faltaron gritos, insultos y descalificaciones. No parecen ser estos los mejores escenarios para pensar, intercambiar y reflexionar acerca de los efectos y consecuencias de la aplicación de una ley que puede modificar radicalmente la construcción de subjetividad de los usuarios y consumidores de drogas, al punto de que dejen de ser tratados como delincuentes y generar un cambio relevante en las representaciones sociales en este tema.
   

2. Queremos expresar que no hay ingenuidad en esta confusión entre despenalización y legalización.
   
   La despenalización alude a sacar a los usuarios del ámbito penal y la represión y que el Estado, en todos sus niveles, intervenga activamente a través de políticas sociales integrales y de salud, ocupándose de las personas que así lo necesiten.

   En estos tiempos de debate se ha producido una construcción de la categoría de consumidor de drogas a la manera de un colectivo homogéneo que diluye todas las diferencias: en tipos de uso, clase social, motivaciones para el consumo, tipo de drogas, experiencias vitales, lugar de residencia, sentidos asociados al consumo, modos de obtener las sustancias, etc.
   
   De este modo, aparecen homogeneizadas situaciones personales y sociales que poseen su propia singularidad, igualándose a quienes luchan por su derecho individual a llevar adelante un consumo que podemos llamar “recreativo” y a tener sus propias plantas de cannabis para consumo personal, con personas que padecen situaciones de consumo problemático de sustancias en el marco de una situación de indigencia y vulnerabilidad, de pobreza extrema, en donde ese consumo se ancla en un cuerpo muchas veces arrasado y en un contexto de escaso lazo social como consecuencia de años de políticas neoliberales.

3. Desde el colectivo Margen queremos aportar a este debate distinguiendo algunas cuestiones:
   • Ninguno de los proyectos de despenalización fue presentado como la única y verdadera solución al problema de las adicciones. El consumo problemático de drogas no se resuelve con una ley y menos aún con la
     ley actual que iguala consumidor a delincuente.

   • No sólo a través de la justicia se accede a la asistencia. Lejos de tomar esto como la única respuesta al problema, debemos justamente redoblar esfuerzos para que no se penalice una problemática ligada a la salud y se amplíe la respuesta terapéutica así como la profundización de las políticas sociales actuales que estén orientadas a la superación de la situación de vulnerabilidad social de estas poblaciones.
4. Por lo expuesto consideramos:
   • Que la salud es un derecho de todos y de ningún modo puede ser concebida como un castigo: los motivos por los que alguien consume son distintos de los motivos por los que alguien delinque, por tanto un uso problemático de sustancias debe ser abordado desde el sistema de salud, no desde el sistema judicial.
   • Que desde 2010 se encuentra en vigencia la Ley de Salud Mental y Adicciones (Ley 26.657) que enmarca diferentes derechos y que fundamentalmente promueve que los usuarios deben ser escuchados y respetados en lo que concierne a sus actos privados y a los tratamientos que quieran realizar, privilegiando la atención en dispositivos comunitarios.
   • Que la futura ley que surja del trabajo actual redunde en un mayor compromiso de las distintas áreas del Estado y la sociedad civil en el impulso y consolidación de políticas en materia de prevención y asistencia como respuesta al tema.
   • Que estos debates hay que ubicarlos en un contexto donde nuestro país se ha vuelto más inclusivo y democrático y ha garantizado derechos antes inexistentes.

Desde el colectivo Margen nos proponemos seguir participando y comprometiéndonos en ellos.