Por José Luis Parra
Mientras miles de seres humanos intentan defender sus derechos en todo el mundo, funcionarios y gobernantes elegidos en el marco de los modernos sistemas democráticos se empeñan en sostener la continuidad de un sistema dominado por grandes corporaciones que explotan en forma salvaje los recursos naturales.
El uso masivo de plaguicidas en nuestros campos; la tala indiscriminada de árboles; la destrucción producida por la minería a cielo abierto; el proceso de concentración de monocultivos que obliga al éxodo de millones de seres humanos para hacinarse en los márgenes de las grandes ciudades; la contaminación del agua por exceso de explotación y falta de saneamiento; la falta de viviendas dignas o el peligro de viajar en transportes y vías de comunicación obsoletas o faltas de control; etc., son algunas de las características que determinan nuestro carácter de economías y sociedades subdesarrolladas.
Las grandes corporaciones se han apropiado de los Estados gracias a su enorme poder económico. Y en virtud de ello nos imponen su lógica capitalista en la que lo primero que se debe hacer en la vida es “no detener el engranaje de la producción”. Así, los habitantes de un pueblo cordillerano deben mostrarse felices por la instalación de un emprendimiento minero que dinamita el suelo y utiliza millones de litros de agua por día para extraer una riqueza que quedará en manos de la empresa.
Los trabajadores reciben un monto mensual mientras dura el emprendimiento. Más que un sueldo se trata de un soborno para que los ciudadanos avalen la rapiña sobre nuestros recursos naturales, propiedad común y herencia de las futuras generaciones. Pero sólo recibirán ese “soborno” mientras dure la explotación. Como ocurriera tantas veces a lo largo de la historia del capitalismo, una vez que se agote el recurso, las empresas levantarán campamento y se irán a otro lugar para recomenzar el proceso de rapiña.
Un ejército de abogados y científicos -la mayoría de ellos formados profesionalmente por el sistema educativo estatal sostenido por el dinero de los contribuyentes- recibe también una miserable parte de esa rapiña para dedicarse a defender el status hegemónico de sus patrones.
Así es cómo se establece como válido el discurso de que “no está probado que el glifosato (en la producción sojera) o el arsénico (en la explotación minera) sean perjudiciales para la salud.
Cuando muera alguno de los niños que hoy son utilizados como banderilleros para marcar los campos fumigados con glifosato, ningún médico certificará con justicia la verdadera causa de su muerte. Mientras tanto, el insignificante monto que reciben por exponer su cuerpo al veneno permite paliar la crónica pobreza familiar.
Cuando alguien muere en una ruta -abandonada por la falta de inversiones y la falta de vías de comunicación alternativas- o en un vagón de ferrocarril, acrecienta los índices estadísticos de muerte por accidente. ¿Qué médico diría otra cosa? ¿Qué médico, ingeniero, juez o fiscal se animaría a determinar que se trató de una “muerte por homicidio” y permitir así que los responsables sean juzgados y castigados?
El quiebre de las economías regionales durante la década del ’70 y la imposición del modelo neoliberal en los ’90 fueron determinantes para obligar a la gente empobrecida a abandonar sus lugares de origen y radicarse en los cinturones urbanos. Lo que quedó en pie fue entregado a las grandes corporaciones internacionales. El desmantelamiento de la red ferroviaria es un ejemplo de ello.
La continuidad de las prácticas de corrupción en el marco de este sistema capitalista confirma que las grandes empresas pueden pelear entre ellas por el reparto de los bienes, pero coinciden en su deseo voraz por aumentar sus ganancias y su desprecio absoluto por la vida y la naturaleza.
La situación que vivimos nos obliga a rebelarnos contra el pensamiento hegemónico impuesto por las corporaciones y sostenida por la represión del Estado.
Somos la mayoría y es nuestro deber defender la vida.
Algunas noticias que confirman lo expresado:
Andalgalá, Catamarca
El cáncer en jóvenes supera la media mundial
El Dr. Luis Alberto Flores, médico generalista, especialista en cardiología del hospital zonal de Andalgalá, señaló que desde la radicación de la minera la Alumbrera, hace más de 15 años, curiosamente aparecieron distintos tipos de cáncer que afectan a gran parte de las ciudades aledañas a la explotación de la mina.
“Hace más de una semana murió un joven de 18 años con cáncer de hueso y hace más de un mes murió otro joven de la misma edad por esclerosis múltiple, un chico de 15 falleció producto de un cáncer de colon y tenemos muchos casos de cáncer de hueso en chicos de 13, 14 y 15 años”, aseguró Flores. El profesional sostuvo que lo llamativo de estas enfermedades es que suele darse con mayor frecuencia en personas de entre 35 a 75 años. “Acá tenemos casos de chicos adolescentes y muchos de ellos murieron por cáncer. Con sólo un caso registrado ya es un problema, y dos ni hablar, lo cual indica que la tasa de mortalidad registrada ya es muy alta en la zona.
En concreto, en Andalgalá se nos está muriendo la población joven”, aseguró. Los datos se afianzan aún más cuando Flores explica que durante 2009, Catamarca tenía 113 mil niños, y se daba un caso de cáncer óseo durante el año en toda la provincia. “Según el último censo, Andalgalá cuenta con más de 6.400 niños y tenemos una prevalencia de cinco casos en tres años, con lo cual superamos ampliamente la media mundial. Esto nos llamó poderosamente la atención por lo que decidimos hacer un trabajo de investigación que generó un largo debate”, señaló el médico.
“Junto con un grupo de médicos nos interesamos en la problemática ante el considerable aumento de cáncer en el pueblo, por lo cual decidimos realizar un trabajo de carácter científico para estudiar este problema y relacionarlo con algún elemento tóxico que haya en la población, y así hemos notado que aproximadamente en los últimos siete años hasta la actualidad hubo un aumento considerable de incidencia de cáncer de todo tipo, pero principalmente de cáncer óseo en niños”, explicó. Por ello mismo sostuvo que la incidencia de cáncer óseo en niños es de 5 casos cada 1 millón de niños. Lo que equivale decir, un caso cada 200 mil niños.
En el marco de la realización de su trabajo de tesis sobre esta temática que debía ser presentada en la Maestría en Salud Pública, por la crudeza del informe, Flores fue presionado por el gobierno provincial, que no permitió difundir el trabajo titulado “Incidencia de la aparición de enfermedades raras en la población de Andalgalá”. Entre las posibles causas, el estudio hacía mención a los residuos tóxicos de la megaminería y las antenas telefónicas como unas de las causas de la aparición de esta letal enfermedad.
Como si fuera poco el profesional nos explicó que en nuestro país no existe una legislación que permita verificar mediante un análisis, la presencia de metales pesados en el organismo de una persona, con lo cual se hace difícil poder avanzar en el tema.
Fuente: www.andalgala.com.ar, publicado por Agencia CTA, Argentina
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Mueren 50 personas en accidente de tren en Argentina
Al menos 50 personas murieron y otros 600 pasajeros resultaron con heridas el miércoles, tras el descarrilamiento de un tren en la estación ferroviaria de Once, una de las más concurridas de Buenos Aires según informaron las autoridades a la cadena C5N quien ha explicado que varios de los heridos presentan graves politraumatismos.
El paragolpe hidráulico que hubiese servido para amortiguar el impacto de la formación del Ferrocarril Sarmiento, en la estación Once, no funcionaba.
“En el caso puntual del paragolpes ubicado en la plataforma N° 2, no habría estado en plenas condiciones de funcionamiento al momento de ser embestido, presentando sólo un impedimento estático al avance, en lugar de uno amortiguado hidráulicamente”, asegura el informe de la CNRT.
Fuente: http://www.diariohoy.net
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Entró en vigencia en Argentina la polémica Ley Antiterrorista
Fue publicada como la Ley 26.734, cuyo texto modifica extractos del Código Penal, y según el cual ahora las penas se incrementarán en el doble del mínimo y el máximo cuando delitos previstos en el Código Penal se cometieran para “aterrorizar a la población”.
A la normativa se le añade el artículo “41 quinquies” el cual expresa que “cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
Fuente: http://www.perfil.com/contenidos/2011/12/28/noticia_0007.html
Crítica del Premio Nobel
Al respecto fue consultado Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), quien señaló que “la política que lleva adelante (el Gobierno nacional) es un neoliberalismo aggiornado basado en la megaminería, los monocultivos, los agrotóxicos, los desmontes y la extracción y destrucción de los recursos naturales”.
“Los de afuera son quienes deciden el curso del país y quienes toman las decisiones estratégicas relacionadas con inversión, crecimiento y desarrollo, comiéndose a los de adentro con voracidad infinita”, dijo Pérez Esquivel.
Recalcó que “cuando los movimientos sociales y los pueblos originarios reclaman sus derechos, la respuesta (gubernamental) es aplicarles la ley antiterrorista y la represión policial con gases, palos y detenciones”.
Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7745174.html
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Sobre inteligencia interior
La ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, negó que el banco de datos “Proyecto X” haya sido utilizado en tareas de inteligencia sobre protestas sociales, defendió la actuación de la Gendarmería ante esos casos y derivó a la Justicia la responsabilidad por eventuales violaciones a las leyes de Inteligencia y de Seguridad Interior.
Sin embargo, Garré eludió responder acerca de la admisión que el jefe de la Gendamería, Héctor Schnenone, hizo ante un pedido del juez Norberto Oyarbide, según la cual integrantes de esa fuerza de seguridad realizaron infiltraciones encubiertas en protestas sociales como parte del “Proyecto X”.
“La Uesprojud identifica a las personas por orden de la Justicia. No son tareas que alcancen a organizaciones políticas, no se trata de criminalizar la protesta social. Es el Poder Judicial el que controla que no haya violación de la Ley de Seguridad Interior”, dijo Garré ante una pregunta sobre la declaración de Schenone.
La Uesprojud es la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendamería, que funciona en instalaciones alquiladas al Ejército en Campo de Mayo y que, según Garré, actúa fuera del área de la Dirección de Inteligencia de esa fuerza para atender los requerimientos de la Justicia y “no tiene relación ni acceso” al “Proyecto X”.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/proyecto-x-garre-nego-haber-hecho-inteligencia-interior
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Detenidos en USA por bloquear puerta de entrada de multinacional
La policía ha detenido en la pasada noche a 22 activistas del movimiento ‘Occupy’ en las localidades de Washington y Nueva York, durante las protestas celebradas ante la sede de las empresas Monsanto y Pfizer, respectivamente.
En Washington:
‘Occupy’ ha informado sobre la detención de doce de sus miembros en el marco de la jornada de protestas convocada por ‘Occupy Portland’ para pedir el cierre de las grandes empresas con vínculos con el Consejo Legislativo Estadounidense de Cambio (ALEC).
Según el movimiento, ALEC “es un ejemplo claro de la manera en la que las empresas compran a los parlamentarios y aprueban legislación que sirve a los intereses de las corporaciones y no de la gente”.
El oficial de la Policía de Washington, William Farr, ha indicado que unas 50 personas se concentraron frente a la sede de Monsanto en la ciudad e intentaron bloquear las puertas, algo que finalmente consiguieron al formar una línea ante todas las entradas.
En ese momento, la Policía amenazó a los manifestantes con iniciar detenciones en caso de que no despejaran los accesos, tras lo que arrestaron a doce de ellos -diez por bloquear la entrada y dos por cruzar el cordón policial-, según ha informado el diario ‘Washington Examiner’. Entre los detenidos hay un universitario que está realizando un estudio sobre la brutalidad policial, han indicado.
Fuente: http://noticias.lainformacion.com, 29/2/2012