Por José Luis Parra
En 2006 el ex comisario Alfredo Fanchiotti fue condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán ocurridos en la estación de ferrocarril de Avellaneda el 26 de junio de 2002.
Otros policías fueron condenados en el mismo acto. A prisión perpetua también fue condenado el ex cabo Alejandro Acosta.
Fanchiotti asesinó a los militantes, sin inmutarse, frente a las cámaras de televisión y a los flashes de los reporteros gráficos, que registraron para la Historia las imágenes del horror.
Cuesta creer que el tal Comisario haya sido tan tonto para no darse cuenta de la presencia periodística, además de la cantidad de testigos, por lo que queda claro que recibió una orden para hacerlo de la forma que lo hizo, sin cuidarse de quedar “escrachado” cometiendo el delito.
Lo que no se puede especular es el tenor del premio que le fue otorgado por el cumplimiento de semejante orden; quizás fue la “salvación económica” para él y su familia.
Lo que sí pueden ser analizadas son la razones por la que se mató a los militantes de manera tan grosera: ¿generar temor para que la gente dejara de salir a las calles y desmovilizar al pueblo?, ¿acelerar el proceso político eleccionario?
A raíz de este crimen, el entonces Presidente Eduardo Duhalde convocó en forma urgente a elecciones presidenciales que llevaron al gobierno a Néstor Kirchner. Y mermaron las movilizaciones callejeras que habían alcanzado su punto culminante a partir de la crisis de diciembre de 2001.
Otro elemento que probaría que el asesinato de Kosteki y Santillán fue un hecho “armado” se conoció en 2008 cuando no pudo ocultarse que el asesino Fanchiotti contaba con la complicidad de los responsables del penal en el que cumplía su condena, para realizar salidas sin autorización judicial.
Otros asesinatos y desapariciones en democracia
Jorge Julio López fue un testigo clave para lograr que el represor Miguel Etchecolatz fuera condenado y recluido en una cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado (Proceso Militar de 1976 a 1983).
Luego de la condena de Etchecolatz, Jorge Julio López “desapareció” el día 18 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Plata. A 4 años, en plena vigencia de la Constitución, las autoridades gubernamentales no avanzaron en la investigación, sencillamente porque no se quiere profundizar la relación policial con los graves hechos de inseguridad.
Carlos Fuentealba fue asesinado a mansalva por la policía de Neuquén el 4 de abril de 2007 durante una manifestación docente. El hecho se produjo durante un operativo que trataba de impedir el corte de una ruta provincial.
El responsable, cabo primero José Darío Poblete, fue condenado a prisión perpetua. Se supo luego que ya contaba con varias denuncias y enjuiciamiento por apremios ilegales y vejación policial en la vía pública.
Mariano Ferreyra fue alcanzado por una bala el 20 de octubre de este año 2010 luego de que el grupo de manifestantes con el que se movilizaba fuera perseguido -y emboscadados- por una patota ligada a la burocracia sindical ferroviaria, específicamente del gremio (Unión Ferroviaria) que dirige José Pedraza desde el año 1983.
Según el Informe 2009 de la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), 2.826 chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención, murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentinas desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 19 de octubre de 2009.
La cuenta es alarmante: un joven asesinado cada tres días por las fuerzas policiales. En 2009, el aparato represivo estatal mató un joven cada 28 horas.
Recordemos por último que la Cámara Penal de Apelaciones de La Plata autorizó -contraponiéndose a los convenios internacionales de rango constitucional firmados por la Argentina- la detención de menores, avalando el pedido del ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli, quien denunció al juez Luis Arias cuando éste emitió un fallo en 2008 prohibiendo a la policía detener a menores con la excusa de “averiguación de antecedentes, contravenciones, etc.”.
Lo apuntado es sólo una muestra de una extensa galería de hechos de violencia y terror que señalan que estamos frente a la decisión política, emanada de los distintos niveles de la administración de los Estados Nacional y Provinciales, de manejar -o por lo menos no investigar ni intervenir- las fuerzas represivas que son utilizadas para sostener un sistema de injusticia social. Nadie puede evadir sus obligaciones cuando integrantes de las fuerzas de seguridad son responsables de delinquir, generar temor y reprimir a la sociedad.
La peor respuesta de nuestro pueblo sería la de bajar los brazos y entregarse al circuito del miedo y la desmovilización, escenario en el que los máximos perdedores seguirán siendo nuestros chicos.
Repudiamos este nuevo ataque a las organizaciones populares y trabajadores.
Mariano Ferreyra
¡Hasta la Victoria Siempre!
Gracias José por este ejercicio de MEMORIA… no he podido parar de pensar en Mariano y sobre todo en los Marian@s que vendrán ( no por su muerte ) si no por su compromiso y militancia: “la sangre de los mártires engendra nuevos profetas”…profetas que denuncien y anuncien… creo que a pesar de la impunidad, injusticia y pena: NO HAY QUE BAJAR LOS BRAZOS.
Un abrazo grande!!!
MARIANO FERREYRA: AHORA Y SIEMPRE PRESENTE!!!!
Daniela Zagales