Empresarios pagan “impuestos” a pandillas bajo amenazas de muerte en El Salvador

Por Cristina Hasbún, para El Popular on line, Toronto, Canadá, 27 de agosto de 2006
San Salvador.- Miles de medianos y pequeños empresarios salvadoreños son obligados a pagar “impuestos” de forma permanente a las pandillas bajo amenazas de muerte, por lo que exigen al Gobierno medidas más efectivas para evitar el cierre de negocios. 
Aunque los casos de extorsión se registran desde hace años, el asunto ha cobrado mayor relevancia en los últimos días después de que asociaciones empresariales denunciaran la situación en los medios de comunicación ante el temor de las víctimas de hacerlo en forma individual ante la Policía.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Avila, aseguró que la institución ha realizado investigaciones e incluso detenido a pandilleros que han extorsionado a comerciantes, pero han sido dejados en libertad porque las víctimas se han negado a declarar y no pueden sustentarse las pruebas en los juzgados.
Los afectados temen represalias de los pandilleros contra ellos, sus familiares o empleados, ya que son numerosos los casos que se han producido en ese sentido.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial de San Miguel, la tercera ciudad en importancia del país, en un reciente comunicado expresa que “empleados, trabajadores, vendedores, micro y pequeños empresarios estamos viviendo una situación caótica, que ya no se puede soportar”.
Agregó que debido a la situación muchas empresas han cerrado “y el resto de la población vive aterrorizada al no sentir el apoyo de las instituciones legalmente constituidas para ese fin”. San Miguel, cabecera del departamento del mismo nombre en el este del país, ocupa el quinto lugar en el listado de los catorce departamentos respecto al número de asesinatos ocurridos entre enero y junio de este año, con un total de 114 casos.

Los homicidios cometidos a nivel nacional en ese período ascendieron a 1.873, según el Instituto de Medicina Legal. La situación en San Miguel no difiere mucho de la que afrontan los pequeños y medianos empresarios en el resto del país, ya que hasta humildes vendedoras en los mercados son obligadas a pagar “renta” a las pandillas.
Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), denunció el jueves esa situación y demandó mayor coordinación entre las instituciones responsables del combate de la delincuencia.
Los diarios salvadoreños han publicado una serie de casos en los que comerciantes, acosados por las pandillas que les han impuesto el pago de altas sumas de dinero -incluso superiores a sus ingresos- han optado por cerrar sus negocios, cambiar de residencia y hasta abandonar el país.

El sector del transporte público ha sido uno de los más golpeados por los “impuestos” de las pandillas, a quienes se les atribuye la mayoría de los más de sesenta asesinatos registrados en el sector desde enero pasado, entre empresarios, motoristas y cobradores.
Asimismo, cerca de una veintena de unidades del transporte de pasajeros han sido incendiadas “por desconocidos” en lo que va del año.

Dirigentes de asociaciones de transportistas han revelado a la prensa local su intención de negociar con los líderes pandilleros en busca de acuerdos, lo cual ha sido rechazado por el Gobierno, que asegura que mantiene el control de la situación.

Según cifras oficiales, en El Salvador existen unos 8.700 pandilleros, de los cuales casi la mitad están en las cárceles.
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, mantiene desde agosto de 2004 el “Plan Súper Mano Dura” contra las pandillas, el cual dio continuidad al “Plan Mano Dura” que había lanzado desde julio de 2003 su antecesor, Francisco Flores.

Saca ha denunciado que las pandillas actúan en coordinación con bandas del crimen organizado e incluso con vínculos en la región centroamericana.
Entretanto, han surgido rumores sobre la existencia de “grupos de exterminio” de pandilleros en San Miguel, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.