Los niños en peligro

Horror por el asesinato de un adolescente: los vecinos quemaron la casa de los acusados del crimen, en Moreno
Inseguridad: dura crítica de una jueza
Reprochó a los gobiernos nacional y bonaerense por la falta de políticas para menores; la cuestionó el ministro del Interior Aníbal Fernández. Fuente: diario La Nación, 29-06-06
LA PLATA.- El crimen de Lucas Sebastián Ivarrola, de 15 años, por el que están detenidos tres hermanos -dos suboficiales de la Armada y un repositor de supermercado-, provocó que la jueza que investiga el caso criticara al Gobierno de no ocuparse de los niños indigentes y de los derechos humanos de los más pobres. La reacción del Gobierno no se hizo esperar y la acusó de buscar “quince minutos de fama”.
A Lucas Ivarrola “lo secuestraron; lo golpearon ferozmente; lo llevaron a un descampado en Luján, donde lo quemaron cuando aún agonizaba, y le pegaron el tiro de gracia”, describió la jueza de menores N° 3 de Moreno, Mirta Guarino, que lanzó el encendido cuestionamiento.
El adolescente fue supuestamente raptado y asesinado por tres hermanos que le endilgaban el robo de un televisor. Los presuntos homicidas fueron detenidos e identificados como Jorge, de 42 años; Ramón, de 41, y Carlos Romero, de 34. Jorge y Carlos son suboficiales de la Armada. En tanto, Ramón es repositor en un supermercado. Carlos -el menor de los hermanos- confesó anoche a la fiscal María Gabriela Urrutia haber torturado, baleado y arrojado al fuego a Lucas, con lo que intentó desligar a sus hermanos Jorge y Oscar, también apresados por el caso.

En tanto, los otros dos hermanos admitieron haber acompañado a Carlos hasta la casa de un vecino del barrio La Perlita de Moreno, donde se hallaba Lucas, y dijeron habérselo llevado cautivo en un Ford Falcon color verde con los vidrios polarizados, aunque aseguraron que a Lucas lo abandonaron pocas cuadras después.
Carlos Romero explicó que cuando llegó a la casa de su padre, que está en muy mal estado de salud, tomó su arma reglamentaria y salió a buscar nuevamente a Lucas para matarlo, esta vez sin la compañía de sus hermanos. “Lo cargué en el auto y me lo llevé. No sé cómo llegué hasta Luján. Lo bajé y le disparé”, dijo a la fiscal.
Ayer a la madrugada, allegados a Lucas, indignados por el asesinato, incendiaron y destrozaron la casa de los padres de los imputados.
La conmoción que generó el hecho fue tal que, anoche, el presidente Néstor Kirchner recibió en la Casa Rosada al padre de la víctima, Víctor Ivarrola, junto al ministro del Interior, Aníbal Fernández. En tanto, consultado anoche por LA NACION, el gobernador bonaerense Felipe Solá, prefirió guardar silencio sobre las críticas de la jueza Guarino.

En diálogo con este diario, la jueza Guarino instó al Estado a que protegiera a los menores en riesgo y consideró que “la muerte de Lucas debe ser tomada como un signo de que, de una vez por todas, tenemos que ocuparnos de los chicos porque la infancia está en riesgo en el país y es preciso trabajar seriamente en el diseño de políticas públicas para revertir la situación”.

Guarino alertó que el país “está lleno de Lucas” y le exigió al Estado “proteger a la infancia” porque -en un claro mensaje hacia el Presidente- “no basta con descolgar cuadros en la ESMA” para defender los derechos humanos, en referencia al acto en el que Kirchner ordenó descolgar el retrato de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar.

Fernández le replicó a la magistrada: “Esta jueza lo que busca son 15 minutos de fama. Me preocupa mucho, porque los jueces deben hacerse conocer a través de su sentencia”, dijo el ministro al término de la reunión. “Nosotros bajamos 30 puntos la pobreza y la indigencia. Nos duele que digan eso, sabemos que falta mucho por resolver”, agregó.

No obstante, Guarino advirtió: “Todos los días tenemos acá menores abusados, menores maltratados, menores muertos y lo que me parece que hay que discutir y ejecutar acciones para proteger la vida”, indicó la jueza. Guarino, que consideró que el hecho tiene un trasfondo “mafioso” y fue premeditado, lamentó las opiniones a favor de hacer justicia por mano propia surgidas entre vecinos de la víctima: “Decir que «bien muerto está» es la consecuencia de un tipo de discurso. Cuando salen las Madres del Dolor en los canales de televisión y dicen que ni los jueces ni la policía ni los fiscales servimos para nada, están llamando a la venganza pública”, alertó.

La jueza también criticó a “aquellos poderosos que piden aumentar las penas. Ellos tienen plata para pagar a sus abogados y me parece muy bien que lo hagan, pero yo lamento la muerte de un chico bien de Barrio Norte tanto como la muerte de Lucas, simplemente que Lucas está mucho más desvalido que aquel que tiene padres inteligentes que salen a hablar por televisión”, subrayó.

La subsecretaria de Minoridad bonaerense defendió su gestión y cuestionó a Guarino: “Se trató de un acto aberrante, irracional, pero no puede esto vincularse con el desarrollo del sistema de protección de derechos en el que trabaja la provincia”.

En tanto, cabe recordar que una actitud similar a la de Guarino fue adoptada hace dos semanas por el juez en lo civil y comercial de Rosario Jorge Scavone, que le ordenó al gobierno de Santa Fe que debía intensificar los controles y patrullajes policiales debido a la creciente inseguridad en la provincia.
Por Pablo Morosi
Corresponsal en La Plata

Una magistrada con experiencia en menores Diario La Nación, Argentina. LA PLATA.- Mirta Liliana Guarino tiene 52 años y se graduó como abogada hace 30, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su tarea relacionada con los menores comenzó mucho antes de que fuera responsable de un juzgado de dicho fuero. Durante varios años, Guarino trabajó como abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en la que participó de varios casos de restitución de menores. En 1986, tras la restitución de un hijo de desaparecidos que había sido apropiado por un policía bonaerense, Guarino recibió varias amenazas telefónicas. Y no fueron las únicas. Hace dos años, cuando estaba a cargo de un juzgado de menores de Tres Arroyos -tarea que asumió en 1998- procesó a una banda dedicada a prostituir a menores de edad y, poco tiempo después, denunció un atentado. Ocurrió cuando viajaba de dicha ciudad a Bahía Blanca, en su camioneta Suzuki Vitara, junto con su madre. Tras recorrer 50 kilómetros, la rueda trasera izquierda se aflojó y voló. No resultaron heridas porque la jueza logró dominar el vehículo. Tres semanas antes, el auto había sido revisado en un taller y estaba en perfectas condiciones. En aquella oportunidad, colegas y vecinos de la magistrada repudiaron el hecho y le comunicaron su solidaridad. Tanto en Tres Arroyos como en Moreno -donde se hizo cargo del Juzgado de Menores Nº 3, inaugurado en Paso del Rey hace poco más de un año- llevó adelante importantes investigaciones relacionadas con la prostitución infantil y la trata de personas. Sobre dichos temas también ha realizado publicaciones y ponencias. Compañeros de trabajo y conocidos la definen como una magistrada comprometida con su labor y, como ejemplo, hacen referencia a sus extensas jornadas de trabajo y al trato personal y responsable que mantiene con los implicados en las causas que están a su cargo. El juzgado que dirige Guarino funciona en un barrio de Moreno, en una pequeña casaquinta que fue reacondicionada para tal fin. Es habitual que la magistrada y su equipo de trabajo permanezcan allí mucho más tiempo que el horario de atención del Poder Judicial, para poder atender a todas las personas que se acercan al tribunal.